La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, ordenó al Banco Central de Venezuela (BCV) fijar las tasas de interés máxima y mínima de las tarjetas de crédito.

La sentencia de la máxima instancia judicial se produjo este martes, a raíz de una acción de defensa de intereses colectivos y difusos de los tarjetahabientes, incoada por Roberto León Parilli, representante de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco).

El representante de esa organización precisó que la decisión de la Sala Constitucional involucra un conjunto de normas prudenciales que deben ser incorporadas para el establecimiento del sistema de cálculo unificado de intereses y no varios como se venía haciendo, según el cual cada entidad financiera fijaba su tasa de interés.

También anunció que la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ elimina el anatocismo, es decir, cobrar intereses sobre intereses.

Dijo que se desestimó la aplicación de sistemas de cobranzas inhumanos que se traducían en llamadas telefónicas a cualquier hora de la noche o madrugada, con el propósito de recordarle al cliente su morosidad.

«Con la decisión del máximo tribunal, los tarjetahabientes tienen la oportunidad de reclamar que se le retribuya dinero si los cobros están calculados en intereses sobre intereses», manifestó.

Asimismo, señaló que la sentencia del máximo tribunal de la República estableció que los bancos deben enviar a los usuarios sus estados de cuentas cada mes. Asimismo, indica que los negocios no podrán incrementar el precio de los productos cuando el cliente cancele con tarjeta de crédito.

De la misma manera, la sentencia ordena a la Superintendencia Nacional de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) eliminar el cobro de los gastos de cobranzas no pautados a los usuarios, como de mantenimiento o renovación de tarjetas, además de la emisión de los estados de cuentas.

Roberto León Parilli indicó que ésta es la gran oportunidad de la banca para comenzar con un sistema transparente que beneficie a la colectividad venezolana.