Una empresa que pretendía evadir impuestos aduaneros, a través de importaciones “puerta a puerta”, fue detectada por funcionarios de la Gerencia de Control Aduanero del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), luego de un proceso de investigación adelantado hacia las firmas empresas importadoras que se dedican a esta actividad.

En una acción prevista en el redimensionamiento del Plan Contrabando Cero, los funcionarios del SENIAT se trasladaron a la Aduana Aérea de Maiquetía, donde constataron, en un proceso de verificación realizado a dos embarques pertenecientes a la importadora, que había discrepancia entre lo declarado y lo verificado físicamente.

La información fue recabada por funcionarios de la División de Análisis de Riesgo, quienes detectaron la anormalidad cuando investigaban las importaciones “puerta a puerta” a través del Sistema Aduanero Automatizado (Sidunea), tomando en cuenta el llamado formulado por el Superintendente Vielma Mora, quien declaró la guerra a este tipo de importaciones en una de sus alocuciones recientes.
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El organismo encargado de sancionar ilícitos cambiarios podría multar hasta con el triple de lo negociado en divisas, a aquellas personas que las venden en el mercado paralelo, dijo el presidente de la Subcomisión de Política Financiera, Banca y Seguros de la Asamblea Nacional, Rafi Zouki.

El pago se podría hacer en la divisa transada o en su equivalente oficial en bolívares.

Señaló que la venta y compra de divisas se tiene que realizar en los lugares autorizados para tal fin como lo son los operadores de cambio.

«Tú puedes tener en tu casa hasta 10 mil dólares y nadie te obligará a venderlos o cambiarlos, lo que no se puede es ir al mercado paralelo a enriquecerse con lo transado», comentó

Agregó que se abrirá una serie de consultas sobre la Ley de Ilícitos Cambiarios, aprobada en primera discusión que serán todos los jueves y se empezará por invitar a los organismos oficiales, como la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Explicó que todas las sanciones que trae esta ley serán analizadas nuevamente para la segunda discusión de la misma.

Dijo que las sanciones se harán con la finalidad de no hacer rentable el ilícito cambiario para que los interesados abandonen esta práctica.

Sobre el organismo sancionador de los ilícitos cambiarios, Souki indicó que la comisión parlamentaria propone que sea el mismo Cadivi, y no una dirección del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, que es la que actualmente se encarga del proceso.

La argumentación finalmente utilizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para imponer una negativa de cobro de comisiones por emisión y renovación de tarjetas de crédito, resulta, más que inconsistente, desconocedora de la naturaleza del negocio.

Si bien, el interés público y el bienestar social constituyen objetivos suficientes para enarbolar acciones públicas, ambos conceptos tienen un límite y no pueden ser “estirados” y “adaptados” a toda situación posible, con el riesgo de violar no solo libertades económicas, sino de igual manera la naturaleza de ciertos negocios y de la dinámica de la competencia y del mercado.

Las tarjetas de crédito constituyen un instrumento o un producto financiero complejo que ha sido objeto de seguimiento y estudios por numerosos economistas y escuelas de economía (tanto en finanzas y como por la teoría de la organización industrial) debido a su naturaleza como producto “bancario”. Las tarjetas de crédito cumplen simultáneas tareas de crédito y medio de pago, lo que en un principio las hace complicadas a la hora de clasificarlas o contabilizarlas como dinero o como crédito. Sin embargo, la característica y naturaleza que entra en conflicto con la decisión del TSJ obedece a que estos instrumentos bancarios son un producto “plataforma”, los cuales operan en un mercado de dos lados (Two-Side Market). Así las cosas, analizar el comportamiento de las empresas emisoras como una empresa verticalmente integrada, o por medio de la utilización de conceptos tradicionales de poder de mercado podrían acarrear imprecisiones y decisiones poco robustas como la tomada por el TSJ.
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